Víctor Garcés, 'Billy y Alfredo Álvarez, los tres con cuentas congeladas. FOTO: Archivo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de la Cooperativa La Cruz Azul, su presidente Guillermo Álvarez Cuevas, su hermano Alfredo y el ex directivo Víctor Garcés Rojo, por una investigación de lavado de dinero.

Al mismo tiempo, el organismo a cargo de Santiago Nieto presentó desde la semana pasada una querella ante la Fiscalía General de la República contra los Álvarez y Garcés, por supuestas transferencias a cuentas en el extranjero y compra de inmuebles en Estados Unidos. En este caso, no denunció a la cementera.

Conforme a fuentes ministeriales, las acciones de la UIF se basan en las denuncias que en abril de 2019 los disidentes de la cooperativa presentaron ante la FGR contra los hermanos Álvarez y Garcés, por administración fraudulenta y lavado de 191 millones de pesos.

La querella del organismo hacendario le atribuye a Guillermo Álvarez la compra de 7 inmuebles en Estados Unidos -cuatro en Miami, dos en Oklahoma y una en Nevada-, así como depósitos a una empresa con recursos de la cooperativa.

Fuentes allegadas a la cementera dijeron que ninguna de las casas es propiedad del directivo y que se trata de homónimos cuya identidad no fue debidamente verificada.

Al mismo tiempo, precisaron que las transferencias cuestionadas corresponden a depósitos en favor de la empresa alemana Thyssenkrupp, por servicios relacionados con los hornos de cemento.

"Esta medida tomada por la UIF, en medio pandemia, dejará sin comer a 900 cooperativistas y 10 mil familias que viven de la cooperativa", dijo una fuente allegada a la empresa que pidió el anonimato.

Un allegado a la directiva aseguró que el disidente Víctor Velázquez Rangel ofreció resolver este problema legal, a cambio de que Guillermo Álvarez renunciara a la presidencia y abandonara en definitiva la cooperativa.

Conforme a los datos obtenidos, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la FGR solicitó en dos ocasiones a un juez de control ordenar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la entrega de los informes financieros de los Álvarez y Garcés.

En ambas, el juez rechazó autorizar la apertura del secreto bancario y la última vez argumentó que la SEIDF no era competente para tramitar una investigación por lavado de dinero.

Es por ello que hace un par de meses la indagatoria fue turnada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que sí tiene competencia legal este tipo de delitos.

Es también por ese motivo que se le dio parte a la UIF, autoridad que hace unos días presentó su querella y pidió a la FGR asegurar las cuentas de ahorro, de cheques y contratos de inversión de los denunciados.

De acuerdo con informes recabados, hasta el momento la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero no ha girado una orden para inmovilizar los recursos de los hermanos Álvarez y Garcés. El dinero está bloqueado sólo por la UIF.